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lunes, 7 de noviembre de 2022

Cuando la violencia de género se vuelve un protocolo dejamos indefensas a las verdaderas víctimas

 

Imagen de archivo 


ROIPRESS / ESPAÑA / DERECHO / EXPERTOS - Para comenzar el presente artículo, la primera afirmación que queremos decir es que estamos al lado de la víctima, del estado de derecho y de la justicia. No estamos ante un simple delito de lesiones por una pelea sino ante un supuesto jurídico penal mucho más grave.

Pero al margen de lo anterior, no es menor afirmar que cuando los casos de violencia de género se defienden sometidos a un protocolo, estamos dando el primer paso para que las víctimas estén realmente indefensas. 

Hace un par de semanas, a nuestra firma de APM abogados penalistas Málaga, vino contratarnos una pareja que mientras ella no había interpuesto denuncia, él si había sido detenido por violencia de género, había pasado 48 horas en el calabozo, y había sido acusado por tal delito a pena de cárcel, orden de alejamiento y curso de sensibilización. Este es el posicionamiento de abogados penalistas málaga.

Insistimos, en que ella, presunta víctima, ni había denunciado ante la policía, no denunció, ni prestó acusación frente a él sino que, en su declaración judicial dijo que los hechos no habían sucedido de esa forma, y aún así, el ministerio fiscal ejerció de acusación contra él, con una pena de cárcel de dos años más las accesorias.

Los hechos se plantea de la siguiente manera, al parecer un trabajador de una gasolinera desde lejos de una discusión dentro de un coche, dice ver como él la coge de los pelos a ella, ella trata de salir del coche, pero finalmente cierra la puerta y es este trabajador el que llama a la policía para advertir de que se está produciendo un episodio de violencia de género.

Tras personarse la policía inmediatamente en la gasolinera, se entrevistan con el denunciante y de manera inminente hacen una batida por la zona, encontrándose a nuestros clientes con el coche parado, ambos fuera del mismo hablando sin ningún gesto de expresividad violenta ni nada parecido.

Entrevistados con ellos, la policía decide detener a mi cliente y conducirlo a los calabozos, mientras que la testigo de los hechos, no salía de su asombro por tal detención.

En este supuesto, se pone de manifiesto, que asuntos de violencia de género, al ser protocolizados se convierten en una verdadera indefensión para el hombre y una protección infértil para la mujer.

Esta anterior afirmación se pone de manifiesto en el sentido de que citados para la vista del juicio, de forma incomprensible el ministerio fiscal elevó a definitiva su acusación hecho que fue puesto de manifiesto por la defensa, y finalmente su señoría no tuvo más que absolver a mi cliente de la acción ejercida por el ministerio público. 

¿Quién le quita a esta pareja es esperar de estar sometido a un procedimiento judicial de carácter penal y tener que gastar una cantidad económica en abogados para no ser condenado?

Es obvio entender que existen muchas mujeres que aun siendo lesionadas, maltratadas y vejadas deciden no formalizar denuncia, pero, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en policía local descansa la responsabilidad de advertir, pues están instruidos en ello, en qué casos la negativa a la formalización de denuncia por parte de la mujer debe provocar la no detención del hombre y su paso automático por los calabozos entre 24 y 48 horas. Sobra decir que la privación de libertad de un individuo debe ser la última ratio y en consecuencia debe aplicarse en supuestos, donde apreciando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y policía local lesiones o daños en la mujer deban suponer una acusación por parte del ministerio fiscal pese a la negativa de esta formalizar denuncia.

Por el contrario, de no advertirse estos aspectos o elementos por parte de la autoridad, no debería activarse el protocolo de detención con todo lo que ello conlleva para el hombre.

 No es menos cierto, que tras estos episodios de violencia de género, en muchos casos nos hemos visto en la situación de defender a familias que han perdido una hija, una hermana o una madre por un presunto delito de asesinato homicidio.

Pero aun así hay que arrojar luz, y perfeccionar el sistema de defensa de las víctimas de este tipo de delitos.


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